El 18 de noviembre de 2014 fue publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.º 6.150 Extraordinario el Decreto N.º 1.408, de fecha 13 de noviembre de ese año, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura. Esta reforma fortaleció el marco jurídico que regula las actividades pesqueras, acuícolas y conexas en el país, cuya normativa precedente había sido promulgada en noviembre de 2001.
La legislación tiene como objeto regular al sector pesquero y acuícola, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de la nación, mediante la disponibilidad suficiente, estable y permanente de productos y subproductos provenientes de estas actividades, destinados a atender las necesidades básicas de la población.
Para alcanzar este propósito, establece las normas que orientan al Estado en la planificación, promoción, desarrollo y regulación de la pesca y la acuicultura, bajo principios de producción, conservación, control, administración, investigación y aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos.
Uno de los aspectos fundamentales de esta normativa es su enfoque social, al privilegiar el bienestar de las comunidades pesqueras artesanales y el interés general por encima de los intereses comerciales particulares.
En ese sentido, contempla la protección de los asentamientos y espacios tradicionales de pesca, especialmente aquellos utilizados por pescadores y pescadoras de pequeña escala, así como el mejoramiento de sus condiciones de vida y el acceso a beneficios sociales y seguridad social para quienes trabajan en el sector.
Asimismo, la ley también reconoce la participación protagónica de los pescadores, pescadoras, acuicultores, acuicultoras, consejos de pescadores y demás organizaciones de base del Poder Popular en las decisiones que adopte el Estado en materia pesquera y acuícola. De esta manera, promueve la corresponsabilidad y la articulación entre las instituciones y las comunidades organizadas para la gestión de los recursos y el desarrollo de la actividad.


En materia productiva, establece entre sus finalidades impulsar el desarrollo integral de la pesca, la acuicultura y las actividades conexas; fomentar el consumo de productos nacionales; fortalecer las estructuras de producción, transformación, intercambio, distribución y comercialización; e incentivar la creación y el desarrollo de empresas y unidades de producción social. Esto para buscar incrementar el valor agregado de los productos pesqueros y acuícolas; y ampliar su contribución a la economía nacional.
Otro componente esencial es el aprovechamiento sustentable de los recursos hidrobiológicos. La normativa establece principios para la aplicación de prácticas responsables de pesca y acuicultura, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, y la conservación del patrimonio genético de la nación.
Además, plantea que el aprovechamiento de estos recursos debe considerar las evaluaciones de sus poblaciones naturales, su potencialidad y estado de explotación, con el propósito de garantizar su permanencia para las generaciones futuras.
La formación humana, técnica y profesional de los trabajadores del sector también forma parte de sus objetivos, junto con el impulso a la investigación científica, el cumplimiento de buenas prácticas de producción, higiene, manipulación y cultivo, y la adecuación de los productos a los patrones de calidad nacionales e internacionales.
A doce años de su publicación, la Ley de Pesca y Acuicultura constituye el marco jurídico de referencia para la regulación y el desarrollo de estas actividades en Venezuela. Sus disposiciones articulan la producción con la protección de los trabajadores, la participación del Poder Popular, la conservación de los ecosistemas y el acceso de la población a los alimentos.

